MANIFIESTO DEL CONSEJO GENERAL DE EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES 

2 DE OCTUBRE DE 2026

En el Día Internacional de la Educación Social, el Consejo General de Colegios Oficiales de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES) reivindica una profesión comprometida con los derechos humanos, la justicia social y la participación de todas las personas en la vida de su comunidad. Defendemos una Educación Social que acompaña, genera oportunidades y contribuye a que los derechos puedan ejercerse en la vida cotidiana.

Las educadoras y los educadores sociales trabajamos con las personas, grupos humanos y comunidades en distintas etapas de la vida y en diversos entornos (educativos, comunitarios, de protección y de inclusión social). Nuestra labor educativa favorece la autonomía, el fortalecimiento de los lazos comunitarios, el acceso a la cultura y la convivencia. Actuamos frente a la exclusión y las desigualdades, respetando las decisiones de las personas y su capacidad para construir su propio proyecto de vida. La ciudadanía se hace efectiva cuando existen condiciones para participar, decidir y vivir con dignidad.
Este trabajo requiere formación universitaria específica, responsabilidad profesional y compromiso deontológico. Requiere también condiciones laborales dignas, equipos suficientes y estabilidad en los
servicios. La calidad de la intervención socioeducativa necesita recursos y un reconocimiento profesional acorde con las funciones que desempeñamos.

Por ello, reclamamos agilidad en el trámite del Proyecto de Ley por el que se regulan las profesiones de los Servicios Sociales. Su reconocimiento ya está presente en leyes estatales y autonómicas, así como en disposiciones y servicios municipales. Existe una ordenación parcial de su ejercicio, de sus funciones y de su organización colegial. Sin embargo, ese reconocimiento disperso debe completarse con un marco estatal común que aporte coherencia y seguridad jurídica.

Reclamamos una regulación que defina los requisitos de acceso y ejercicio profesional, reconozca las funciones y competencias de la Educación Social y respete las habilitaciones legalmente reconocidas. Una ley que, dentro del marco competencial de las administraciones, permita combatir el intrusismo y ofrezca garantías a la ciudadanía sobre la cualificación de quienes desarrollan la intervención socioeducativa. Defender la profesión significa defender el derecho de las personas a recibir una atención socioeducativa de calidad. Su protección no puede quedar expuesta a criterios dispares sobre la cualificación exigible ni a la desvalorización del trabajo educativo.

Desde el Consejo General instamos al Gobierno y a las Cortes Generales a asumir la responsabilidad histórica de impulsar esta ley con la participación de la organización colegial y del conjunto de la profesión, mediante compromisos concretos y un calendario de tramitación. El reconocimiento de la Educación Social debe traducirse en garantías legales para quienes la ejercen y para la ciudadanía.

Por una Educación Social con reconocimiento, condiciones dignas y garantías para todas las personas.

Profesión, derechos y ciudadanía. Regulación ya.