Desde el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad de Madrid (CPEESM) queremos manifestar nuestra profunda preocupación por las noticias que implican a la infancia y adolescencia migrante y que contribuyen a la estigmatización de estos niños/as y adolescentes.

El CPEESM rechaza enérgicamente la difusión de bulos y estereotipos que atentan contra la dignidad y los derechos de los menores no acompañados, reafirmando nuestro compromiso con la verdad, la justicia y la inclusión social, por ello consideramos importante aclarar el término MENAS (Menores Extranjeros No Acompañados), estas siglas despersonalizan y deshumanizan a las/los niñas/niños y adolescentes, y es por eso que preferimos hablar de infancia y adolescencia o de niñas y niños.

Las Educadoras y los Educadores Sociales, como profesionales con responsabilidad educativa en los centros de acogida que deben atender en primera instancia, y a lo largo del proceso de acompañamiento, a las/los niñas/niños y adolescentes migrantes sin referentes adultos, consideramos urgente una profunda reformulación del sistema que los debe acoger y proteger, que respete los derechos humanos y la legislación en materia de infancia, y que nazca del consenso de todos los agentes implicados.

Estas/estos niñas/niños y adolescentes deben disponer, desde el momento de su llegada, de los recursos y apoyos adecuados para su acogida y correcto desarrollo, según se recoge en la legislación española; y las dificultades para su ubicación en las distintas comunidades autónomas no hacen sino aumentar el daño que se les infringe desde un Sistema de Protección que se ha mostrado fallido desde hace bastante tiempo. No es tolerable que se les utilice para dirimir diferencias de índole política que nada tienen que ver con el interés superior del menor. No debemos permitir que estos
menores sean utilizados como moneda de cambio en disputas políticas; en su lugar, debemos enfocar nuestros esfuerzos en proporcionarles la ayuda y el apoyo que necesitan para prosperar, de acuerdo con los tratados y convenciones internacionales firmados por España, y presentes en la
Carta de Derechos de Europa.

Se debe garantizar la adecuación de los recursos y de los profesionales, ya que en el caso concreto de la Comunidad de Madrid la situación de los centros de Acogida y Protección es insostenible, superando las ratios y dejando a las educadoras y educadores sociales en situación de desprotección
y penosidad laboral, lo que incide en la atención inadecuada a estos niños/as y adolescentes.

Quienes deben ejercer el papel de referente socioeducativo, y tienen el perfil adecuado, son las Educadoras y los Educadores Sociales. No se puede aceptar que la atención a un colectivo con necesidades específicas y en situación de extrema vulnerabilidad recaiga en otros/as profesionales y
se ponga en riesgo su situación.

Por ello, desde este Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad de Madrid tendemos la mano a la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, para colaborar en el ámbito de nuestra competencia, en la elaboración y desarrollo de una estrategia integral para la atención de este colectivo.