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COMUNICADO CPEESM

26/01/2022

Desde el Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de la Comunidad de Madrid (CPEESM) mostramos nuestra preocupación y rechazo por las noticias que implican a la infancia y adolescencia, y que provocan daño y dolor en un colectivo especialmente vulnerable.

 

Consideramos que urge una profunda reformulación del Sistema de Protección a la Infancia, que se ha mostrado fallido durante años, y que ésta se debe asumir de manera colectiva, con el consenso de todos los agentes, y desde los diferentes ámbitos, a través de una reflexión crítica, constructiva, que apueste de verdad por el bienestar de los niños/as y por su futuro.

 

En relación al Sistema de Protección en la Comunidad de Madrid detectamos diferentes problemáticas, que, sumadas y en su conjunto, son constitutivas de provocar violencia a la infancia en situación de vulnerabilidad.

Partimos de la base de que está profundamente privatizado, con el riesgo que entraña mezclar en una misma concepción el modelo empresarial-beneficio y la protección a la infancia, tanto para las protagonistas, como para las condiciones de las profesionales que les acompañan. Apostamos por un viraje hacia un modelo público en el ámbito de protección que se centre en el interés del niño/a.

Es un sistema que suele abusar del modelo de Macrocentros, que dificulta y choca con nuestras funciones socioeducativas y desempeño profesional, basado en el vínculo, en el apego seguro y en un modelo de buenos tratos en el día a día. Observamos desde hace años que este modelo Macro perjudica y daña el bienestar psicosocial de los niños/as y es potencial generador de riesgos, conflicto y violencia. Apostamos porque el acogimiento residencial se desarrolle en hogares pequeños, donde se pueda trabajar mejor de una forma personalizada.

Proponemos que el trabajo con la infancia se desarrolle dentro de un equipo multidisciplinar bien coordinado y con el aporte de una supervisión de casos, algo que enriquece mucho el trabajo y revierte en la estabilidad de los y las niñas, y de sus familias, de existir éstas. Evolucionar a un  sistema más modernizado y efectivo, basado en los cuidados y el buen trato, priorizando el enfoque de género,  la atención personalizada a la infancia migrante, más favorable a la formación continua y especializada en problemáticas más concretas.

Detectamos una grave falta de apuesta y de recursos en lo concerniente a la prevención comunitaria, a la Educación de Calle, al apoyo a las familias con problemas y en situación de vulnerabilidad. Consideramos que es fundamental apostar por ello de cara a prevenir guardas y/o tutelas, y reducir en la medida de lo posible el acogimiento residencial. Asimismo se debe facilitar y hacer más atractivo el acogimiento familiar en todos los tramos de edades, mostrando nuestra disposición como figura profesional que pueda acompañar el proceso. Señalar que sigue existiendo gran carencia de recursos en materia formativa, (pre) laboral y de vivienda para adolescentes ex tutelados/as, y muy poca diversidad.

Las Educadoras y Educadores Sociales, que al comenzar la pandemia hemos sido consideradas  “esenciales”, estamos muy preocupadas porque después de muchos años se siga sin regular nuestra profesión. No comprendemos cómo en los procesos selectivos de la Comunidad de Madrid que han aparecido en noviembre y diciembre, tras más de dos décadas sin convocarse, se siga permitiendo el acceso a cualquier titulación sin filtro alguno, como ha venido sucediendo hasta ahora de forma opaca y sin transparencia. Urge por tanto una regulación profesional que ayude a implementar las medidas de la Ley Orgánica LOPIVI de junio de 2021 en materia de protección a la infancia y adolescencia frente a la violencia, y a dotarla de una coherencia, que, de otra manera, no existiría.

JUNTA DE GOBIERNO  CPEESM