REGULACIÓN Y DERECHOS PARA LA EDUCACIÓN SOCIAL

En este día, el Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales quiere reconocer y destacar la labor de la Educación Social, una profesión imprescindible para la garantía de derechos,
la cohesión social y el acompañamiento a las personas y comunidades en contextos de especial complejidad.

La Educación Social, constituye un trabajo esencial y decisivo en ámbitos vinculados a la protección de la infancia y la adolescencia, la inclusión social, la atención comunitaria, la discapacidad, la salud
mental, el envejecimiento, las migraciones o la igualdad, entre otros muchos y, su labor, contribuye de forma directa al bienestar colectivo y a construir una sociedad más justa, inclusiva y democrática.

Pese a ello, la profesión, continúa enfrentándose a una insuficiente sensibilidad y reconocimiento institucional, que se traduce en una limitada visibilidad, en la falta de consolidación en las políticas
públicas y en una inapropiada consideración de su especificidad profesional. Esta realidad no solo afecta a quienes ejercen la profesión, sino también a la ciudadanía, que debe beneficiarse de
intervenciones socioeducativas desarrolladas con calidad, rigor y responsabilidad profesional.

A esta situación se suma una precariedad laboral de carácter estructural, visible en la inestabilidad contractual, la insuficiencia retributiva, la sobrecarga de funciones y la desigualdad de condiciones
en distintos ámbitos de intervención de las Educadoras y los Educadores Sociales. Esta precariedad, compromete el desarrollo profesional y limita la capacidad de sostener procesos socioeducativos
estables y de calidad. No puede obviarse, además, que la Educación Social es una profesión feminizada, circunstancia que debe ser analizada en relación con las dinámicas de inequidad,
violencias concretas y valoración social y laboral, que históricamente han afectado a los sectores vinculados al cuidado, al acompañamiento y a la intervención social.

Es necesario avanzar en la regulación de la Educación Social, como una garantía a la ciudadanía, para reforzar la calidad de la intervención, delimitar funciones y responsabilidades, prevenir el intrusismo
y asegurar que la atención socioeducativa sea prestada por profesionales con la cualificación y las competencias adecuadas. No se trata únicamente de una demanda profesional, sino de una cuestión
de interés público.

Reiteramos la necesidad de fortalecer el reconocimiento institucional de la Educación Social, avanzar en su regulación profesional y garantizar condiciones laborales dignas para quienes la
ejercen. Reivindicar la Educación Social es defender una profesión esencial para la ciudadanía y para la construcción de una sociedad más equitativa, inclusiva y comprometida con los derechos
humanos.

1 de mayo de 2026